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Estrategias tributarias
Asesoramiento de empresas

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Gaceta Fiscal - Noviembre 2010 Fecha: 15/11/2010

Comenzaron a regir las Presunciones de la AFIP sobre la cantidad minima de empleados por empresa.
Con el fin de controlar los aportes y contribuciones a la seguridad social comenzó a regir el sistema de presunciones en materia laboral sobre cantidad minima de empleados para la construcción y el sector textil.
 
A través de la RG 2927, el organismo comenzó a establecer ¨valores criterio¨ objetivos que se utilizaran para calcular la dotación minima de personal necesaria para concretar un cierto trabajo. La decisión de la AFIP se base en las disposiciones establecidas en el plan de Antievasión II de 2005, Ley 26.063.
 
De acuerdo al Art. 2 de esta normativa, la AFIP se encuentra facultada para determinar de oficio las obligaciones de seguridad social cuando concurran las siguientes circunstancias  y siempre que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada o éstas hayan sido impugnadas:
-Se compruebe la realización de una obra o la prestación de un servicio que, por su naturaleza, requiera la utilización de mano de obra;
-el empleador no haya declarado trabajadores ocupados o los declarados fuesen insuficientes y no pueda justificar la diferencia;
- cuando por las características del caso no fuese posible relevar el personal efectivamente ocupado en la realización del trabajo.
 
A su vez en aquellos casos que el organismo carezca de tales elementos podrá estimar la cantidad de empleados y aportes previsionales necesarios para llevar a cabo una actividad.
 
La reglamentación establece que la multa a afrontar es del cuádruple de los aportes y contribuciones que deberían haberse efectuado respecto de los trabajadores involucrados.
 
Para la determinación de las deudas el marco legal faculta al fisco nacional a valerse de presunciones laborales pudiendo tomar como referencia:
-el consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos, - la adquisición de materias primas , - el monto de servicios de transporte utilizados, - el valor del total del activo propio o ajeno, - el tipo de obra ejecutada , la superficie explotada y el nivel de tecnificación, - el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad. (tales indicios son meramente enunciativos y su empleo debe realizarse en forma razonable y uniforme )


Mora no Culpable. Improcedencia de Actualización.
La Corte Suprema confirmó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al considerar que correspondía eximir a la empresa tabacalera Nobleza Piccardo de pagar actualización e intereses resarcitorios por el ingreso extemporáneo del impuesto interno a los cigarrillos y de un impuesto adicional destinado al Fondo Transitorio para Financiar Desequilibrios Fiscales Provinciales a principios de la década del ‘90.
 
La Corte indicó que “al no estar en tela de juicio en esta instancia que la mora no resulta imputable a la actora -lo que determinó la improcedencia de los intereses- tampoco puede reclamarse válidamente la actualización”.
 
Al fallar a favor de la empresa tabacalera, la Cámara valoró que las “obligaciones impositivas” de la compañía vencían el 2 de enero de 1990, día que fue declarado feriado bancario por el gobierno del entonces presidente Carlos Menem. El tribunal aseguró que al día siguiente, el Ejecutivo dictó el Decreto 36/90 que “ordenó la indisponibilidad de los depósitos y colocaciones bancarias a plazo fijo -en cuanto excedieran la suma de un millón de australes-“. A su vez  indicó que el 12 de enero de 1990 se habilitó el empleo de los fondos inmovilizados para el pago de tributos (decreto 99/90) y que el pago se instrumentó el 18 de ese mes. Los camaristas valoraron que la empresa tabacalera “demostró desde un comienzo su interés en cancelar sus obligaciones fiscales” mediante comunicaciones al Ministerio de Economía y a la DGI.
 
El Máximo Tribunal indicó que “para disponer la exención de los intereses resarcitorios” la Cámara “invocó la doctrina” de pronunciamientos anteriores de la Corte según la cual “ante la falta de toda previsión en el ordenamiento tributario acerca del carácter de la mora del deudor, es posible recurrir a la legislación común para llenar ese vacío, en especial para establecer el contenido del elemento subjetivo –imputabilidad del retardo- que integra también el concepto de ese instituto jurídico”.
“En tal orden de ideas se consideró aplicable en el campo tributario la última parte del art. 509 del Código Civil, que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando prueba que no le es imputable”.
 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, "DGI (autos Nobleza Piccardo – TF 11.388-I)", 28/09/2010



Publicación Periódica. Exención frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia de Cámara que dejó sin efecto la resolución por la cual la AFIP impugnó las declaraciones juradas de una editorial frente al impuesto al valor agregado.

La Cámara consideró que la actividad de la actora –al respecto de la edición de revistas para televisión por cable y supermercados- se encontraba exenta del impuesto en virtud del art. 6 de la ley 23.349 que dispensa del gravamen a las ventas y locaciones de libros, folletos e impresos similares, incluso hojas sueltas, diarios y publicaciones periódicas, impresos incluso ilustrados.

De esta forma, se rechazó el criterio sostenido por el Fisco en el sentido de que la exención sólo alcanza a "revistas de divulgación masiva o sectorial, en las cuales los textos periodísticos propiamente dichos constituyen un porcentaje significativo con respecto a la totalidad de la edición".
 
Corte Suprema de Justicia de la Nación • 12/10/2010 • ATCO I S.A. (TF 18.015 - I) c. DGI • LA LEY 01/11/2010.

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