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Gaceta Fiscal - Diciembre 2010 Fecha: 23/12/2010
BANCARIZACIÓN INNECESARIA EN PAGOS SUPERIORES A MIL PESOS. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA QUE LO OBLIGA
 
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata consideró que la presunción establecida en la Ley Antievasión, que niega la existencia de las operaciones que se pagaron en efectivo, viene a atentar contra la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
Por esa razón, la Cámara le ordenó a la AFIP que actúe de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Fiscal, donde se permite que se presenten pruebas sobre la existencia de operaciones económicas que hayan sido puestas en entredicho por la AFIP, a causa de que fueron pagadas en efectivo.
 
A su vez estableció que: “la adopción de uno u otro sistema de determinación de deuda tributario no puede soslayar el debido proceso que le permita al contribuyente demostrar la veracidad de tales operaciones en ejercicio de su derecho de defensa.”
 
La Cámara sostuvo que esa presunción al impedir computar al contribuyente en sus respectivas declaraciones juradas de IVA y ganancias los créditos fiscales y gastos involucrados, hace al cercenamiento de la facultad  que tiene la parte para de probar la autenticidad de esos movimientos económicos, lo que lleva a desconocer el principio  capacidad contributiva que debe tenerse en cuenta  a la hora de cobrar impuestos.
  
Sin perjuicio de la razonabilidad de este fallo, la regla debe seguir siendo la banzarización.
 
Cámara Federal de Mar del Plata, “Tiendas Roxana S.A v. Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva -AFIP – DGI”, 31/05/2010
 
REDUCCIÓN DE MULTA ANTE FALTA DE DOLO EN LA CONFECCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un Recurso de Apelación interpuesto por el Fisco Nacional contra un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación que consideró que no debía aplicarse la multa del art. 46 de la ley 11.683.
 
El Tribunal Fiscal entendió que la actividad realizada por las "agencias" de juego contaba con la particularidad de que Lotería Nacional S.E. informaba frecuentemente las deudas vigentes y exigibles, las que a su turno eran computadas por los receptores de la información en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del ejercicio correspondiente.
 
Por eso entendió que la simple confección de declaraciones juradas, con importes no coincidentes con ellas, conducía a desechar la hipótesis de una actuación dotada de ardid, engaño u ocultación.
 
La Cámara aseveró que, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, cuando una persona ha cometido un hecho que encuadra en una acción típica que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente.
 
Asimismo, advirtió que el artículo 47 de la ley 11.683 “establece los supuestos que habilitan presumir la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.”
 
Por su parte, confirmó lo resuelto por el TFN en relación a que “el Fisco no probó adecuadamente, dadas las circunstancias de la presente causa, el obrar doloso de la parte actora en la confección de las primigenias declaraciones juradas con datos inexactos.”
La Cámara redujo la multa por la imposibilidad de probar el obrar doloso y  rechazó la apelación del Fisco.
 
CNACAF, Sala II, “Irene Sabes de Travi SRL, c/ AFIP-DGI¨, 16/09/2010
 
 
DEDUCCIONES POR MALOS CRÉDITOS EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS - INTERPRETACIÓN
La Corte Suprema revocó una decisión de Cámara y determinó que “carece de sustento el criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cuanto en la determinación de oficio supeditó la configuración y deducción de los ‘malos créditos’, originados en operaciones sin garantías, al ineludible inicio de la acción judicial de cobro, cuando el contribuyente invocó haber ajustado su conducta a los usos y costumbres del ramo -a los que remite la ley- y el organismo recaudador invalidó su aptitud probatoria sin siquiera haber controvertido su existencia dentro del ramo financiero”.
 
La AFIP impugnó la declaración jurada del contribuyente en cuanto practicó deducciones por malos créditos por considerar que su incobrabilidad no estaba debidamente acreditada. Respecto a los créditos otorgados sin garantías estableció que no podían tomarse como pautas de incobrabilidad las siguientes: intimaciones documentadas de pago con apercibimiento de inicio de acciones judiciales y cierre de cuentas bancarias, informes producidos por abogados de entidades encargadas de gestión de cobro extrajudicial e informes producidos por Veraz S.A. Asimismo, el Fisco adujo que sólo podían ser considerados como prueba fehaciente de incobrabilidad la fecha de inicio de la demanda de cobro judicial dentro del periodo fiscal en cuestión.
 
A raíz de esto, la actora apeló la resolución determinativa ante el TFN e incluyó parte del impuesto determinado en el régimen de regularización establecido por el decreto 93/2000.
 
El TFN confirmó de forma parcial la determinación alegando que los informes de letrados y los emanados de centrales de información no tenían cabida en los índices de incobrabilidad contemplados en la norma reglamentaria
 
A su vez, descartó la aplicación de las pautas de incobrabilidad elaboradas por el Banco Central de la República Argentina por considerar que dichas pautas se determinaron teniendo en cuenta la base de estimaciones de carácter general y no de cada caso en particular. Es por eso que el Tribunal desestima la presunción de insolvencia de los deudores como indicio para determinar la deducción del crédito a falta de una demostración concreta de incobrabilidad.
 
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, al resolver los recursos de apelación y revisión limitada deducidos por la actora y la demandada, confirmó la sentencia del TFN, excepto en lo relativo a la deducción de los créditos intimados de pago mediante el envío de cartas documento.
 
A su turno, la Corte destacó la importancia de interpretar el Art. 87 de la ley del gravamen en función de los objetivos perseguidos al instituirse la deducción, pues las normas impositivas deben entenderse de forma tal que el propósito de la ley se cumpla teniendo en cuenta los principios de una razonable y discreta interpretación.
 
Así ha establecido nuestro Máximo Tribunal que “por aplicación de la citada pauta interpretativa cabe razonablemente inferir que el propósito del legislador, al remitir a los usos y costumbres del ramo para deducir los castigos y previsiones contra los 'malos créditos' ha sido el de emplear los mismos criterios objetivos y específicos de la actividad, conforme a los cuales se entiende un crédito como “dudoso” o “incobrable” e imputa como pérdida tras haber sido registrado originalmente como activo, para que el monto imponible calculado resulte un adecuado reflejo de la manifestación de riqueza o capacidad contributiva en que debe sustentarse todo gravamen”.
 
A su vez, la Corte resolvió que “la expresión “malos créditos" que trae el art. 87 de la ley del tributo, alude tanto a los "créditos dudosos" como a "los incobrables" —cfr. arg. art. 139 del decreto reglamentario— mientras que el art. 142 del citado reglamento enumera "indicios de incobrabilidad" aplicables sólo a éstos últimos por remitir a supuestos de hecho que confieren semiplena certeza acerca de la insolvencia del deudor y la imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones, incluso con antelación al término del plazo estipulado.”
 
En virtud de ello, la Corte resolvió que el criterio fiscal de poder diferir la deducción hasta que se inicie el cobro compulsivo hace asignarles a los “créditos dudosos¨ un tratamiento incompatible con su naturaleza ya que importaría la colocación del contribuyente en una situación en donde sería el quien tuviera que soportar una carga financiera sin causa, debiendo ingresar el impuesto sobre el monto de una pérdida que no podría ser deducida.
 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Banco Francés S.A (TF 18.280 – I ) c. DGI",  09/11/10
 
 
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
Mediante la Comunicación A 5147, el Banco Central estableció la entrada en vigencia de las "Cuentas a la vista para uso judicial", a fin de reducir el movimiento de dinero en efectivo en los pagos de las causas judiciales.
 
A partir del 01 de diciembre, todos los depósitos en estas cuentas que superen los $30.000 deberán ser hechos por transferencias electrónicas desde cuentas a la vista, "o por cualquier otro medio de pago distinto del efectivo". Asimismo, para los pagos inferiores a dicho monto, el uso de estas cuentas es optativo.
 
Cada beneficiario deberá informar al juzgado los datos de identificación de su cuenta y su CBU. Para el caso que no poseyeran cuenta, los bancos depositarios de las cuentas judiciales deberán ofrecerle la apertura de una caja de ahorros y la emisión de una tarjeta de débito sin costo por al menos un año.
 
Las entidades financieras que capten depósitos a nombre de causas judiciales abrirán estas cuentas a la orden de cada juzgado y como perteneciente a la causa judicial que se informe en cada caso, debiendo registrar, entre otros datos, carátula del expediente judicial, nombre completo, denominación o razón social de cada actor y demandado, identificación del juzgado interviniente.
 
Por su parte, las entidades financieras deberán implementar y poner a disposición de los juzgados un sistema informático de acceso remoto a las cuentas, que permita a las autoridades judiciales -a través de sus usuarios autorizados- gestionar consultas y pagos
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