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Estrategias tributarias
Asesoramiento de empresas

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Gaceta Fiscal - Marzo 2011 Fecha: 01/03/2011
BLANQUEO: DECLARACIÓN DE FONDOS
A fin de continuar regulando el Blanqueo de Fondos dispuesto por la Ley 26.476, la AFIP emitió una Resolución mediante la cual se dispone que deberá declararse la efectiva inversión de los fondos al Fisco Nacional.
  
Así lo establece la Resolución General 3022 de AFIP, en virtud de la cual quienes al 31 de diciembre de 2007 hayan exteriorizado la tenencia de moneda extranjera, moneda local o divisas con destino a "compra de viviendas nuevas o construidas, construcción de nuevos inmuebles, finalización de obras en curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agroganaderas, industriales", entre otras alternativas, deberán declarar dichos fondos al fisco.
  
La obligación deberá cumplirse dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos posteriores a la realización de la efectiva inversión, debiéndose declarar las inversiones realizadas entre el 01/03/2009 y el 31/08/2009, ambas fechas inclusive; entre el 1/09/2009 y el 31/08/2010, ambas fechas inclusive y, entre el 1/09/2009 y el 31/08/2012, ambas fechas inclusive -conforme Art. 55, 67 y 70 de la RG 2650 respectivamente-, según corresponda.
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO AGRAVADO NO SE ENCUENTRA ALCANZADO POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La Corte Suprema de Justicia estableció que el resarcimiento por despido agravado no está alcanzado por el impuesto a las ganancias.
 
 
En el marco de la causa “Cuevas, Luis Miguel c/ AFIP – DGI”, en donde el actor pretendía la devolución de las retenciones del impuesto a las ganancias efectuadas sobre la liquidación final en relación a los rubros “asignación gremial” y “estabilidad gremial”, nuestro más alto Tribunal sostuvo que el resarcimiento en cuestión carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeto al gravamen, motivo por el cual no se encuentra alcanzado por el impuesto.
 
Este fallo sentará precedente a la hora de determinar si una indemnización percibida como consecuencia de la finalización de la relación laboral se encuentra alcanzada o no por el tributo.
 
Asimismo, la trascendencia del criterio sostenido por la CSJN tiene implicancias relevantes atento a que podría extenderse a todo tipo de resarcimiento obtenido como consecuencia de la extinción de la relación laboral.
 
En otro caso sobre este tema, la Corte ya se había expedido en relación al despido agravado por embarazo (“De Lorenzo, Amelia Beatriz c/ DGI”)
 
Sería deseable que frente a la ratificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la AFIP adecúe las normas internas para evitar incertidumbre a las empresas al momento de practicar la retención correspondiente.
 
CSJN, 30/11/2010. “CUEVAS, LUIS MIGUEL C/ AFIP – DGI” (C. 1676 XLIV)
 
 
LA SOLICITUD DE VISTA DEL CONTRIBUYENTE SUSPENDE LOS PLAZOS
 
La Cámara Nacional de Apelaciones remarcó la importancia de la suspensión de los plazos al considerar la vista solicitada por el contribuyente, debido a una interpretación “armónica e integradora de las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Tributario y en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y el Reglamento Nacional de la Ley de procedimiento administrativo, respetuosa del resguardo al acceso a la jurisdicción.”
 
Dicha suspensión viene como consecuencia del análisis del art. 166 de la Ley de Procedimiento Tributario, otorgándole al apelante la posibilidad de conocer todo lo acontecido en la sede administrativa a fin de poder defenderse de la mejor manera, salvaguardando así la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
En la sentencia se establece que “no reconocer el efecto suspensivo del pedido de vista, lo tornaría carente de sentido, si formularlo podría llevar a hacerle perder el plazo para apelar.”
 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II, “Generadora Córdoba S.A. (T.F. 26219-I) c. D.G.I.”, 28/10/2010
 
 
 
 
SUPLEMENTO LABORAL
 
LUZ ROJA EN LOS ACUERDOS ESPONTÁNEOS EN SEDE ADMINISTRATIVA
En la actualidad hay que tener especial cuidado con los acuerdos espontáneos celebrados entre empleador y trabajador en sede administrativa a los fines de la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes. Ello se debe a que la Justicia laboral viene sostenido la invalidez de los mismos, decretando su nulidad para acreditar ciertas circunstancias, no obstante haber sido dichos acuerdos homologados por la autoridad administrativa correspondiente y los montos acordados pagados por el empleador.
 
A modo de ejemplo, en el expediente "Sandobal Clara Rosa c/ Obra Social para personal del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos s/ despido" la Cámara da por acreditado que la relación laboral habida entre las partes se había extinguido por decisión unilateral de la empleadora (en virtud del telegrama de despido enviado por el empleador con anterioridad a la celebración del acuerdo ante el MTSS) y no por voluntad de ambas partes, conforme lo expuesto por las partes en el referido acuerdo espontáneo. Por lo cual entendió que el acuerdo no lo era tal sino una simulación ilícita y un fraude laboral de la empleadora para no abonar íntegramente las indemnizaciones que le correspondían a la empleada. Por ello, declaró la nulidad del acuerdo y tuvo en cuenta las sumas percibidas como pago a cuenta de las indemnización por despido y demás rubros reclamados por la trabajadora.
 
Situación simular aconteció en los autos "Unzeta Romina Valeria c/ Quebecor World Pilar S.A. y otro s/ despido" en donde la Cámara decretó la nulidad del acuerdo espontáneo celebrado en sede administartiva entre el empledor y la trabajadora -en virtud del cual se extinguía la relación laboral por mutuo acuerdo- ello atento haberse acreditado la ausencia de asesoramiento del letrado de la trabajadora amén de la falta de veracidad de los hechos invocados en el acuerdo ya que no se había puesto en conocimiento de la autoridad administrativa la existencia del procedimiento de carácter previo ante el SECLO ni tampoco la totalidad de los reclamos de la actora. Es por ello qe la Cámara concluyó que existía por parte de la parte demandada la intención de sacar ventaja de la inexperiencia y del estado de necesidad de la actora, por lo cual decretó la nulidad del acuerdo e hizo lugar a la demanda inciiada por la trabajadora.
 
Es de destacar que en tales contextos se les restó eficacia a las manifestaciones de los trabajadores vertidas en los acuerdos espontáneos en el sentido de que no tendría nada más que reclamar una vez recibidas las sumas de sus empleadores.
 
En conclusión a los efectos de arribar a un acuerdo espontáneo en sede administrativsa cuya eficacia no pueda ser, prima facie, discutida es necesario tener en cuenta varias consideraciones:
 
1) El trabajador debe contar con asistencia letrada -sin vinculación con la empleadora-;
 
2) Ausencia absoluta de pruebas que puedan acreditar la existencia, con carácter previo al acuerdo, de un despido ya sea configurado por el trabajador y/o dispuesto por el empleador;
 
3) Claridad de los términos.
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