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Estrategias tributarias
Asesoramiento de empresas

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GACETA FISCAL - AGOSTO 2011 Fecha: 10/08/2011

LA AUSENCIA DE COMPROBANTES ES INDICIO DE LA EXISTENCIA DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió confirmar la sentencia de la instancia anterior por considerar que se habría configurado el delito de evasión fiscal, al menos indiciariamente, por haber utilizado un crédito fiscal aparente en las declaraciones juradas.
 
La Sala A de la Cámara alega que los imputados “habrían evadido los tributos de una sociedad anónima mediante ardid” pues, al no existir comprobantes respaldatorios, se sospecha que las operaciones declaradas no se condicen con operaciones reales, pudiendo inducir a error al Organismo Fiscal.
 
En el mismo fallo, la Cámara resolvió que correspondía imputar al presidente del directorio de la sociedad por no existir constancias de que hubiere delegado sus funciones. No obstante, la Sala aclaró “que el sólo desempeño del cargo no es comprobación suficiente de la  intervención  en el hecho,…”
 
En relación a otra de las imputadas, la Cámara afirmó que de acuerdo con la Ley Penal Tributaria “deben responder todos quienes tomen parte o cooperen de cualquier manera en la ejecución del hecho.”
 
Por último, la Sala A estableció que “el auto de procesamiento sólo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho... Esta estimación no es definitiva ni vinculante. El mismo juez puede revocarla posteriormente y el defensor tiene oportunidad de pronunciarse si el fiscal requiere la elevación a juicio.”
 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, “Incidente de Apelación del Auto de Procesamiento Imputado: Corptec S.A. s/ inf. ley 24.769”, 11/02/2011

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LÍMITES A LAS FACULTADES DE AFIP
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica su doctrina permanente en defensa del principio de legalidad o reserva de ley al sostener que solamente el Congreso Nacional puede crear impuestos tasas y contribuciones y que una vez establecido un gravamen, los elementos sustanciales definidos por la ley no pueden ser alterados a su arbitrio por otro de los poderes del gobierno, impidiendo de esta manera que se desvirtúe  la garantía constitucional.
 
En el caso la AFIP pretendió gravar con el impuesto al valor agregado los ingresos provenientes del servicio de traslado terrestre de paquetes y encomiendas “pre y post aéreo”, actividad que, -en el concepto de la DGI- resultaba alcanzada por aplicación de lo prescripto en el Decreto 879/92 que modifico la ley del gravamen.
 
Considera la Corte que si la ley del impuesto al valor agregado eximía del impuesto “el transporte de cargas y personas”, el Poder Ejecutivo no estaba facultado para restringir esa exención como lo hizo mediante el decreto 879/92, cuya inconstitucionalidad es manifiesta.
 
Aclara también que la invocación en el decreto de razones de necesidad y urgencia como sustento de las medidas adoptados y  la  ratificación por ley del citado decreto, posterior a los períodos fiscales en discusión, no pueden ser consideradas fundamento válido pues la norma contenía un vicio insusceptible de ser convalidado.
 
 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Austral Cielos del Sur SA. (TF 16.545-I c. DGI,)", 23/6/11

DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. CRITERIO DE DEVENGADO

La Corte Suprema, compartiendo lo dicho por la Procuradora Fiscal, estableció que “los gastos se imputan en el ejercicio en que se devengan”, tal como lo dispone la Ley del impuesto, debiéndose atener al sentido más obvio de dicha normativa. Con lo cual, se trataba de “un gasto cuyo devengamiento se produjo en el momento en que se incurrió, y correspondía deducirlo íntegramente en el ejercicio fiscal correspondiente a dicho instante.”
 
En el caso se trataba de una serie de gastos originados en contratos de apoyo de evolución comercial celebrado con los clientes del contribuyente, quienes se comprometieron al cumplimiento de una obligación continuada.
 
De acuerdo con el criterio de la AFIP, estos gastos debieron ser imputados de acuerdo al momento en que se generaron los presupuestos a los que la erogación atiende, debiendo ser imputados “proporcionalmente al servicio prestado en cada ejercicio fiscal.”
 
De acuerdo con la Procuradora, para apartarse del principio de imputación del gasto al ejercicio en que se devengan, debe haber una excepción expresa en la Ley, lo cual no ocurre en los presentes actuados. Asimismo, este principio da coherencia al mecanismo del tributo que computa tanto los ingresos como los gastos con idéntico criterio.
 
La Corte sostuvo que sin importar el compromiso de los clientes del contribuyente a cumplir una obligación continuada, “lo relevante a los fines discutidos en el sub examine radica en que la empresa accionante se obligó por el indicado contrato a dar cumplimiento a la prestación pecuniaria.”  En razón de ello, resolvió revocar la sentencia apelada.
 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Compañía Tucumana de Refrescos S.A. (TF 20.391-I) c/ DGI”, 24/05/2011 

 
  SUPLEMENTO LABORAL

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y DAÑO MORAL. ¿EL FIN DE LA INDEMNIZACIÓN TARIFADA?

Recientemente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del expediente caratulado " G.M.G. C/ SEAC S.A. S/ DIFERENCIAS SALARIALES" hizo lugar a la indemnización por daño moral reclamada por el trabajador por entender que los motivos invocados por el empleador al despedirlo constituyeron una acusación infundada que exige una reparación que no puede considerarse alcanzado sólo con la indemnización tarifada prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.
 
En el caso citado, es importante destacar que el empleador despidió al trabajador con fundamento en que éste último habría obrado con deslealtad al intentar sacar beneficio propio ofreciendo a una empresa de la competencia datos e información confidencial. Asimismo el empleador inicia la causa penal por defraudación en la cual se resolvió sobreseer al trabajador.
 
Es en base a ello que el Tribunal consideró que la conducta asumida por el empleador al invocar una acusación infundada para despedir al trabajador, no puede ser reparado simplemente por la indemnización tarifada prevista en la LCT, habiendo el dependiente sufrido un menoscabo y desconsideración hacia su persona y su consiguiente descrédito, motivo por el cual la empresa fue condenada a resarcir el daño ocasionado al trabajador a través del reconocimiento de la indemnización del daño moral que fue evaluada en la suma de $ 30.000 , ello amén de ser condenado al pago de la indemnización por antigüedad , entre otros rubros por el despido que es considero sin causa.
 
Esta sentencia nos enfrenta a la necesidad de realizar una reflexión al momento de invocar la causal de despido de un trabajador y de ser muy cautelosos en su descripción.
 
Es cierto que se debe realizar una descripción clara, debida y circunstanciada del hecho en el cual se funda el despido. Se debe individualizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ello a los efectos de cumplir con lo previsto por la normativa laboral.
 
Pero también es cierto que, si la causal de la ruptura laboral invocada es vinculada a la comisión de un ilícito por parte del trabajador -como sucede en el fallo aquí comentado-, la suerte del juicio por despido queda ligada, indefectiblemente, a la resolución del proceso penal.
 
Ahí radica el meollo del tema que nos ocupa, ya que si el empleado al cual la empresa imputa un delito, es sobreseído en la causa penal por no haberse probado el hecho que le es atribuido, no es posible justificar su cesantía en razón del mismo hecho y en consecuencia queda sellada la suerte del juicio laboral siendo que el empleador será condenado al pago de la indemnización por despido, y de haber sido solicitado por el trabajador, también podrá prosperar la indemnización por daño moral.

 

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