El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
Estrategias tributarias
Asesoramiento de empresas

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
 
 
GACETA FISCAL - DICIEMBRE 2011 Fecha: 22/12/2011

Newsletter, Diciembre 2011
 
MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
El Congreso de la Nación aprobó el proyecto de modificación a la Ley 26.479, Ley Penal Tributaria, mediante el cual se endurecen las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuales se considera como delito a la evasión.
 
Como primer punto, cabe destacar que la Ley elevó el monto a partir de los cuales se considera el delito de evasión fiscal, pasando de 100 mil a 400 mil pesos, mientras que la evasión agravada pasa de un millón a 4 millones.
 
Asimismo, estableció los que el delito de evasión se aplicará no sólo a la evasión de tributos nacionales, sino también a los tributos provinciales y municipales.
 
Las modificaciones a la Ley incluyen, entre otras, pena con prisión de 2 a 6 años a quien mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier ardid o engaño, sea por acción u omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al Fisco Nacional, provincial o municipal, siempre que el monto evadido excediere la suma de 400 mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual.
 
La Pena será de 3 años y medio a 9 años de prisión si:
            a) el monto evadido superare la suma de 4 millones de
pesos;
            b) hubieren intervenido personas interpuestos para ocultar la identidad del evasor y el monto evadido fuere mayor a 800 mil pesos;
c) Si el evasor utilizara fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimentos o cualquier otro tipo de beneficios fiscales y el monto evadido fuere mayor a 800 mil pesos;
d) Si hubiere utilizado facturas o cualquier otro documento material o ideológicamente falso.
 
 
Con relación a los sistemas de seguridad social, la Ley prevé pena con prisión de 2 a 6 años a quien mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier ardid o engaño, sea por acción u omisión, evadiere total o parcialmente el pago de de aportes o contribuciones, siempre que el monto evadido excediere la suma de 80 mil pesos. Está sanción se elevará a 3 años y media a 9 años si 1) el monto evadido supera los 400 mil pesos o 2) hubieren intervenido personas interpuestos para ocultar la identidad del evasor y el monto evadido fuere mayor a 160 mil pesos;
 
Asimismo, se aplica pena de 2 a 6 años al empleador que no deposite en el mismo tiempo de 10 días hábiles, el monto retenido a sus empleados, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 20 mil pesos.
 
Idéntica sanción tendrá el agente de retención de los recursos de la seguridad social.
 
Es preciso poner de resalto que con la nueva redacción de la Ley se deja de lado el instituto llamado "la Bala de Plata", el cual permitía pagar el tributo evadido a fin de no ser imputado en una causa penal tributaria.
 
Además, con la modificación de la Ley Penal Tributaria queda excluida la aplicación del instituto de la Probation (Suspensión del Juicio a Prueba), prevista en el Código Penal para los delitos cuyas penas máximas no excedieran los 3 años de prisión.
RETENCIÓN INDEBIDA DE IMPUESTOS. FALTA DE LOS DEPÓSITOS DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. ACLARACIÓN DEL PRINCIPIO QUE NADIE ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR CONTRA SÍ MISMO.

La Cámara Federal de Rosario confirmó el auto de procesamiento de la instancia anterior que consideró que se encontraba probado, en la instancia de instrucción, los hechos, pues el agente de retención presentó declaración juradas por el período, de donde surgen las retenciones efectuadas, pero no se encuentran efectuados los depósitos correspondientes ni acreditadas las razones de imposibilidad de depositarlas.
 
El tribunal inferior había establecido “Que si bien, tal como lo esgrime la defensa, la presentación de una declaración jurada no debe adquirir el carácter de una confesión compulsiva, lo cierto es que luego de incluir las retenciones en el mencionado instrumento, el contribuyente no aportó prueba alguna que demostrara que las mismas en realidad no se habían efectuado, y en su caso, el motivo por el cual las habría incluido indebidamente en sus declaraciones juradas.”
 
Por su parte, la Cámara cita un fallo de la Corte Suprema que sostiene que “se trata de una infracción que se comete por omisión, de carácter instantáneo y que queda consumada, en su faz material u objetiva, en el momento preciso en que el acto omitido debió realizarse, esto es, al no depositar tempestivamente los aportes retenidos. Además, en orden al elemento subjetivo del tipo penal de que se trata,  debe también recordarse que el agente a cuyo cargo está el deber de retener aportes no asume ese papel como consecuencia de un negocio de confianza o de entrega, basado en el consentimiento de las partes, sino por disposición de la ley, la cual le impone determinadas obligaciones a las que debe ajustarse bajo pena de incurrir en las responsabilidades que puedan corresponderle por su desempeño remiso” (‘Lambruschi, Pedro Jorge’, 31/10/97, Fallos 320:2272).
 
Se trató también la vulneración de la garantía de la no autoincriminación alegada –por la presentación de las declaraciones juradas-. Al respecto, la Cámara establece que no corresponde invocar dicha garantía por cuanto “no le asiste al contribuyente inspeccionado el ‘derecho de callar’, o de reservar la información o registros tributariamente relevantes para la determinación de los tributos exigibles en el marco de un procedimiento de inspección, sino un deber legal de exteriorizar la información y exhibir los registros contables y demás papeles en tiempo y forma.”
 
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, “TUNINETTI, Omar Héctor s/ Inf. Art. 6° Ley 24.769”, 08/11/2011
 

 
 
SALIDAS NO DOCUMENTADAS. NO APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ART. 46 Y 47 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la sentencia de la instancia anterior, revocando la sanción impuesta por el Fisco, en los términos del art. 46 de la Ley de Procedimiento Tributario, al régimen de las Salidas No Documentadas.
 
Al apelar ante la Cámara, el Fisco sostuvo que la sentencia era incongruente con lo planteado por la actora, pues no había sido incluido en los hechos discutidos en oportunidad de celebrarse la audiencia del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante, la Cámara sostuvo que son los jueces quienes deben determinar “si a un hecho “A” le corresponde una norma “X”, o una “Y” (no ninguna de ellas, o aún una tercera).” “Por ello es que si la actora alegó en su demanda que a ciertos hechos del mundo real —la salida de dinero no documentada— no correspondía aplicar los arts.46 y 47 mencionados y la demandada sostuvo lo contrario en su contestación, tal cuestión de derecho debe ser decidida en la sentencia, para gusto o disgusto de los contendientes, haya sido o no mencionada en la audiencia preliminar.”
 
En cuanto al fondo del asunto, el Fisco lo apeló pues, según el organismo, la sentencia del tribunal inferior estaba errada al considerar que las Salidas No Documentadas no se liquidaban mediante declaraciones juradas.
 
A este respecto, la Cámara sostuvo que “el hecho económico generador de la carga tributaria del art.37 en comentario, es decir, el “hecho imponible”, es la propia salida indocumentada. Si se acepta ello, forzoso es concluir en la imposibilidad de que en el mismo hecho generador del tributo resida el fraude para su evasión, ya que necesariamente una declaración engañosa sobre ese egreso o su ocultamiento malicioso sólo puede materializarse en un momento posterior en el tiempo. Es inconcebible pues, y no sólo desde una apreciación técnico-jurídica sino desde una perspectiva del saber común, que en el mismo instante que se produce este hecho imponible que genera el impuesto, se evada su pago —con o sin fraude— porque ambos extremos se corresponden con etapas más o menos separadas en el tiempo real. Ahora, cuando ese egreso es indocumentado —o con insuficiente respaldo documental— y ello conduce a considerarlo como un mecanismo destinado a evadir fraudulentamente otros tributos, la multa corre, en tales casos, con relación a esos tributos pero no respecto de aquel que se generó al elaborar el medio defraudatorio: la defraudación es el resultado obtenido mediante engaño, no el engaño mismo.” Ello desvirtúa el agravio sostenido por el representante del Fisco.
 
No obstante, la Cámara hizo una salvedad en relación a la afirmación anterior, por cuanto podría ocurrir que ya generada la Salida No Documentada, el contribuyente no sólo omitiera ingresarla sino que maquinara alguna maniobra fraudulenta para evadir el pago. De ser así, sí correspondería la aplicación de la sanción prevista en el art. 46 de la Ley de Procedimiento Tributario.
 
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, “Ríos Confluencia S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) s/ ordinario”, 08/09/2011. 
 
 

VOLVER
 
Cardozo & Lapidus Abogados | Estrategias Tributarias WEBDESIGN